Tony Raful.- Es insólito el tratamiento  que algunas potencias o administraciones de poder extraterritorial pretenden darle al curso de la  agudizada y deprimente situación haitiana. Rehuyendo responsabilidades asumidas en el contexto de la comunidad de naciones y  principios normativos de la convivencia social y humana de los pueblos, proyectan  una imagen denostativa de nuestro país, llegando a extremos ridículos de acusar a la República Dominicana de practicar  racismo, modelos de contratación esclavista, ensañamientos discriminatorios y  abusos  tangibles violatorios de los derechos humanos.

Esta campaña puesta en vigor con evidente sentido malicioso, pretende exteriorizarnos como una comunidad  prejuiciada cuyo comportamiento lesiona  los sagrados derechos humanos. Ninguno de los alegatos trasegados, ni  las iniciativas deformadas de la campaña burda en ese sentido, se corresponden con la verdad.

Es un aluvión de mentiras y desconocimientos de la propia historia de la isla y de los elementos que configuran la creación de dos naciones diferidas por la cultura y por la historia desde los albores del siglo 19, cuando  se Haití se liberó  de la potencia colonialista francesa de la época y más tarde, cuando  la República Dominicana consagró su nacionalidad, culminación de comunidades diferenciadas por la lengua y la sangre del propio Haití que violentó su derecho a la diferenciación de costumbres y destinos.

Dos proyectos de naciones  medularmente  contrapuestos, en una sumatoria de modelos  de dominación, en los cuales nuestro pueblo marcaba con aguda  separación  las coordenadas de su perfil nacional. No hay una sola muestra demostrable de actitudes inhumanas o de comportamiento abusivo violatorio de las leyes  en perjuicio de haitianos en nuestro país, que vaya más allá del cumplimiento estricto de las leyes migratorias que deben regular, al amparo de su cumplimiento, como en todas las naciones  la presencia de indocumentados.

La tragedia haitiana desde el punto de vista institucional, la imposibilidad de restablecer el ordenamiento de las funciones del Estado, la corrupción de su claque política y comercial,  la desmovilización ética y la corrupción de sus instituciones,  no pueden marcar como destino el territorio dominicano, sin que esto implique ninguna adopción de medidas arbitrarias o al margen de las leyes que puedan rallar en transgresión  de derechos.

La  política actual del Presidente Abinader ha sido clara y explícita, respetuosa del Derecho Internacional, colaboradora en grados apreciables con la convivencia, las ayudas,  el intercambio comercial de la frontera, regulado por el ordenamiento  jurídico.  Lo que no se  puede es echarle arriba a nuestro país,  la crisis ni el destino haitiano.

La irresponsabilidad de las grandes potencias es proverbial en el tratamiento  histórico de la geopolítica en los países dependientes.  Hoy el mundo globalizado ha dado una vuelta de dimensiones politicas y territoriales, donde los conceptos primarios de la ideología levitan en dimensión desconocida al margen de los intereses nacionales, flagelando su gnosis  historica pretendiendo fusionar  el comercio  más crudo con el arquetipo identitario  de las naciones.

Ese tránsito que podemos visualizar en los conflictos internacionales,  pretende borrar las nociones de identidad, disolver  las diferenciaciones  orgánicas en aras de una conciencia  bipolar, dual, abierta y disoluta. Tarea de gigantes es diferenciar sin discriminar, respetar  las fronteras, regular el comercio y los intercambios, honestar a nuestro país  sin violentar ninguno de los derechos humanos, misión trascendente que dirige y proyecta  el liderazgo del presidente Abinader.  Volveremos sobre el tema.