Por: Danilo Cruz Pichardo.- El presidente Luis Abinader creó la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana y de inmediato designó como presidente a Lisandro Macarrulla, quien es, además, ministro de la Presidencia y presidente del Gabinete de Electricidad.

El decreto se produce en momentos en que se registran múltiples comentarios desfavorables hacia el ministro, debido a la cárcel La Victoria y el contrato San Souci. Es decir, las nuevas atribuciones se asignan sin importar lo que diga la gente.

Esa oficina no solo operará proyectos de transporte, sino otros tantos en el marco de la denominada “Alianza Público-privada”, nombre que suena muy bonito, pero el balance siempre ha sido desfavorable.

Apenas a horas de la emisión del decreto la Embajada Americana expresó su preocupación por la corrupción en nuestro país, aunque no se ha podido establecer si es pura coincidencia.

Cuando Luis Abinader asumió compromisos con Lisandro Macarrulla, colocándolo como presidente del Gabinete Presidencial del PRM, por encima de compañeros que les han dedicado la vida a la democracia dominicana, no era puntero de las encuestas de opinión, ni siquiera era candidato oficial y solo pensaba en crecer, repuntar en los estudios de opinión y llegar a la Presidencia sin importar formas.

Es ahí, como si se tratara de una guagua pública, donde permite que entren todos.

Nadie es serio cien por ciento. Ciertas aspiraciones llevan a la comisión de errores que riñen con la ética. “Los valores morales se pierden sepultados por los económicos”, dijo José Luis López Aranguren.

Y determinados compromisos demandan ser honrados, aunque constituyan una carga pesada, que tendrán, tarde o temprano, un costo político de impredecibles consecuencias.

Los compromisos de Abinader con un grupo del Cibao, con Leonel Fernández y con Macarrulla parece que tiene que honrarlos, sin importar las consecuencias políticas futuras. Desde un inicio se viene amagando con la privatización de empresas. Ante el rechazo de la gente el presidente negó la versión, pero hoy se confirma la funesta alianza público-privada mediante la Oficina de Desarrollo de Proyectos.

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