Estas repatriaciones ordenadas por el Presidente de la República están amparadas en la ley de migración No. 285-04, así como en los Arts. 18 y s., 128 y s. de la Constitución, que autorizan al presidente a ordenar el arresto o retorno de los inmigrantes ilegales e indocumentados a su país de origen, pudiendo además prohibir la entrada al país de cualquier extranjero sin importar su nacionalidad, por razones del orden público y la seguridad nacional. Por eso, las decisiones cuentan con el apoyo soberano de la gran mayoría del pueblo dominicano, dejando atrás cualquier diferencia política- partidista, por haber sido dispuesta en virtud de la sentencia 168-13, de fecha 23 de septiembre del 2013, dictada por el Tribunal Constitucional, el cual tiene autoridad última y suprema del Estado Dominicano.
