Cambiemos R.D, solicitó al Congreso de la República la urgente aprobación de la “Ley de Extinción de Dominio” con la finalidad de que los recursos robados al Estado Dominicano, en los últimos 24 años, sean recuperados.

Es muy positivo que la nueva gestión encabezada por el presidente Luis Abinader esté cumpliendo la promesa de fortalecer la institucionalidad del país, dando pasos concretos para impulsar una justicia independiente al seleccionar un Ministerio Público, encabezado por las magistradas Miriam Germán y Yeni Berenice Reynoso, destacadas por su ética y apego a los principios de la justicia.

Se siente mucho optimismo y regocijo, porque ya se están viendo los resultados del trabajo del nuevo Ministerio Público, al ser apresados los primeros implicados en varios hechos de corrupción, como el caso del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FOMPER), el cual involucra a miembros de la familia del expresidente Danilo Medina.

Los culpables de corrupción deben pagar con penas sus actos delictivos; es fundamental que el Estado pueda recuperar entre 30 y 51 mil millones de pesos, que se presumen, fueron robados durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cada año, lo cual equivale a más de 1000 millones, basándose en el cálculo que realiza la entidad Transparencia Internacional, el cual establece que los actos de corrupción cuesta a los Estados de todos los países alrededor de un 1% de su PIB.

El país no cuenta aún con un instrumento legal que le permita realizar la recuperación de dichos bienes, ya que en el Congreso reposa el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, el cual fue aprobado en 4 ocasiones por el Senado de la República, de control absoluto peledeísta, que perimió en la Cámara de Diputados, aparentemente en una jugada de distracción, queriendo aparentar que existía algún interés, el cual obviamente no existía.

La creación de los tribunales de extinción de dominio, obligaría a las entidades financieras a dar informaciones bancarias al juez, permitiría acuerdos internacionales para la homologación de sentencias extranjeras, el decomiso civil de los bienes procedentes de actividades ilícitas que sean instrumentos de actividades ilícitas o donde se pretendan ocultar bienes de ilícita procedencia, aunque no se haya dictado sentencia que determine la responsabilidad penal.

Por: Silvia Soto

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